Desde que se eliminó cualquier posibilidad de contraloría social frente a la forma como se administra justicia en esta entidad, la impunidad sigue mandando en el Palacio de Justicia de Aragua.
La muestra patética de lo afirmado anteriormente es notable: todos los juicios y/o procesos penales seguidos a funcionarios de la Policía de Didalco Bolívar se encuentran paralizados hace meses.
En Aragua los casos de presuntos ajusticiamientos a manos de uniformados ascienden a más de mil, pero poco o ninguno de los uniformados encausados han recibido castigo por el delito cometido porque no hay juez que quiera meterle el pecho.
En resumidas cuentas, pesa más el poder político que la investidura y la razón de ser de un juez que ha sido puesto en un tribunal para aplicar la norma y demostrar al colectivo sus conocimientos y de esta forma hacer justicia imparcial, con equidad.
El asesinato de jóvenes – ya sea que estuvieran incursos o no en presuntos hechos punibles – se han quedado en el olvido y sus familias no ven otra alternativa que resignarse ante indolencia oficializada por los jueces.
El caso de Offerman Ojeda, fallecido por el exceso de cuatro funcionarios de la policía estadal que dirige Didalco Bolívar hace cuatro años en la población de Villa de Cura.
Como siempre, la pobre madre de este muchacho, una anciana de nombre Ofelia Ojeda, hacía espera este jueves en un rincón del Palacio de Justicia, para que una de las secretarias del tribunal de juicio donde se encuentra su expediente le diera señas del caso.
“Yo creo que nunca voy a hacer justicia por la muerte de mi hijo”, declaró la doñita.
Por más de 25 veces pospusieron la audiencia preliminar, y ahora que el caso está en la fase de iniciarse el juicio, nunca se aparecen los abogados defensores, los imputados (que se encuentran en libertad y ejerciendo).
La verdad es que da pena ajena ver cómo los funcionarios de la sede tribunalicia aragüeña se burlan de la paciencia y la necesidad de un pueblo que día tras día debe soportar los abusos de los Polididalco.
La muestra patética de lo afirmado anteriormente es notable: todos los juicios y/o procesos penales seguidos a funcionarios de la Policía de Didalco Bolívar se encuentran paralizados hace meses.
En Aragua los casos de presuntos ajusticiamientos a manos de uniformados ascienden a más de mil, pero poco o ninguno de los uniformados encausados han recibido castigo por el delito cometido porque no hay juez que quiera meterle el pecho.
En resumidas cuentas, pesa más el poder político que la investidura y la razón de ser de un juez que ha sido puesto en un tribunal para aplicar la norma y demostrar al colectivo sus conocimientos y de esta forma hacer justicia imparcial, con equidad.
El asesinato de jóvenes – ya sea que estuvieran incursos o no en presuntos hechos punibles – se han quedado en el olvido y sus familias no ven otra alternativa que resignarse ante indolencia oficializada por los jueces.
El caso de Offerman Ojeda, fallecido por el exceso de cuatro funcionarios de la policía estadal que dirige Didalco Bolívar hace cuatro años en la población de Villa de Cura.
Como siempre, la pobre madre de este muchacho, una anciana de nombre Ofelia Ojeda, hacía espera este jueves en un rincón del Palacio de Justicia, para que una de las secretarias del tribunal de juicio donde se encuentra su expediente le diera señas del caso.
“Yo creo que nunca voy a hacer justicia por la muerte de mi hijo”, declaró la doñita.
Por más de 25 veces pospusieron la audiencia preliminar, y ahora que el caso está en la fase de iniciarse el juicio, nunca se aparecen los abogados defensores, los imputados (que se encuentran en libertad y ejerciendo).
La verdad es que da pena ajena ver cómo los funcionarios de la sede tribunalicia aragüeña se burlan de la paciencia y la necesidad de un pueblo que día tras día debe soportar los abusos de los Polididalco.
