Casi 600 personas, la mayoría aragüeños víctimas del proceso de privatización de la empresa Cadafe que en su momento la IV República tenía el poder en el país, marcharán este miércoles hasta Miraflores y luego entregarán un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la reposición de sus derechos como trabajadores y por ende, su derecho a ser jubilados.
Así lo informó el abogado David Pérez, representante legal de las víctimas, quien indicó que en la década del noventa cuando el gobierno privatizó Cadafe estas personas fueron obligadas a recibir una pírrica liquidación, renunciando a sus derechos como empleados de 30 y 40 años de servicio.
"Por la situación se tuvieron que conformar con esta triquiñuela, aceptando una liquidación forzada, este acto es visto ante la jurisprudencia del derecho venezolano como un error excusable que produjo la violación del artículo 26 y artículo 19 constitucional".
La exigencia de los afectados es que por vía de decreto se acuerde su jubilación y esto lo exigirán al presidente de la república, además de agotar las vías legales ante el TSJ.
