¿SIGUE SIENDO EL FORO POR LA VIDA UNA INSTANCIA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS?
Llama la atención la posición que en los últimos años ha asumido el Foro por la Vida con relación a la defensa de los derechos humanos.
Un espacio nacido para el intercambio y cuya finalidad específica sería cumplir con lo acordado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, partiendo de la premisa de que "los grupos, instituciones, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como los particulares, deben intensificar sus esfuerzos por cooperar entre sí y coordinar sus actividades" para poder colaborar con el Estado en "acrecentar el interés público en las cuestiones de derechos humanos, a las actividades de enseñanza, capacitación e investigación en ese campo y a la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales", en los últimos años se ha convertido en un espacio destinado a resaltar las debilidades del estado sin que se observe cuál han sido las acciones destinadas al cumplimiento de sus fines en la defensa de los derechos humanos y de participación en procesos que permitan hacer posible los postulados constitucionales que proclaman el surgimiento de un nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
El 03-04-08 mediante nota de prensa El Foro por la Vida fija posición ante declaraciones del Ministro Rodríguez Chacín con relación a defensores de derechos humanos en el área penitenciaria.
Sin entrar en las consideraciones del Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y de Justicia con relación a los integrantes de grupos que trabajan en el área penitenciaria, no es menos cierto, que el problema penitenciario ha sido tomado como bandera de quienes adversan al gobierno y se valen del trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos para toda una campaña enmarcada en planes desestabilizadores.
No dudo de la veracidad, honestidad en los planteamientos de las organizaciones, pero otro tipo de intereses se mezclan en la problemática penitenciaria que no buscan precisamente lograr una acción coordinada con el estado para de una vez por todas, participar en las transformaciones del sistema de justicia, sino colocar al Estado Venezolano en el banquillo de los acusados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obviando el avance que se viene dando en materia de inclusión de los sectores mas vulnerables de la población.
No se puede negar jamás, que poco avance ha existido en materia penitenciaria. Éste no es posible mientras todos los sectores involucrados y todo el colectivo, unan esfuerzos para andar por un mismo camino hacia la transformación del sistema de justicia que indudablemente tiene que llevar a una reforma constitucional del articulo 272 que propone la privatización de las cárceles, lo cual redundaría en el fortalecimiento de un mecanismo del estado capitalista, discriminatorio y excluyente y de permanente violación de la condición humana para el control social, dirigido a execrar al ser humano de la sociedad a quien por efecto de violación de la ley, el sistema considera un desecho humano y por el cual propicia las condiciones tan infrahumanas en que se mantienen a los reclusos.
Y mucho más grave, cuando la cárcel sigue siendo un elemento criminalizador de los sectores populares que sostiene que los criminales son los pobres y los pobres son los más peligrosos y son los que merecen estar sujetos a este sistema de oprobio y terror. Es oportuno decir, que aunque se creen nuevas edificaciones, si no se revisan estos criterios, se va a seguir reproduciendo el mismo sistema de horror, de degradación humana y discriminación existente.
Y es lo que no se oye hablar a estos defensores de derechos humanos que por su experiencia debieran orientar al Gobierno nacional y fomentar en la sociedad, la discusión de las políticas en materia penitenciaria, hacia una nueva concepción de cumplimiento de penas, basado en el principio de la libertad, que oriente hacia una transformación por un sistema de tratamiento más humanista, que asegure las condiciones del libre desarrollo individual para fomentar la responsabilidad personal, la conciencia social y restablezca vínculos con el medio social, no necesariamente de encierro ni en condiciones de violencia como es el que ha caracterizado el sistema penitenciario venezolano del pasado siglo, incompatible con la ideología política que orienta su rumbo hacia un socialismo siglo XXI.
Las cárceles, ya está sumamente probado, no garantizan seguridad ni rehabilitación social, ni esperanza. Puede que se necesiten centros de rehabilitación y reinserción pero no cárceles en la concepción de espacios de oprobio y humillación… Ya el Ministro Chacín se ha pronunciado sobre la corrupción en el sistema penitenciario, también debe haberse encontrado con cantidades de beneficiarios del fracaso exitoso de las cárceles así como ha visto el divorcio entre algunos de estos denunciantes con la población reclusa, sus requerimientos y los anteriores postulados.
Desde el año 2006 hemos venido solicitando, de manera formal, que sea investigada por la Sub Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional esta situación, en el caso específico del Centro Penitenciario del estado Aragua y el Retén de Alayón.
Abundo en este punto por tratarse del contenido de Nota de Prensa ante lo manifestado por el Ministro Rodríguez Chacín, respuesta inmediata que contrasta con el silencio absoluto de las organizaciones de derechos humanos que componen el Foro por la Vida, frente a otros casos que han debido llamar su atención como fue por ejemplo, las acciones de violencia, de abuso de poder efectuadas por el Gobernador Didalco Bolívar, quien valido del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua, intervino de manera arbitraria en la empresa “el siglo c. a.”, editora del diario el siglo de Maracay, hecho ocurrido el 26 de enero de 2007 que produjo mas de una docena de heridos entre periodistas, directivos, abogados defensores de derechos humanos y trabajadores.
A partir de ese momento, por parte de quien en complicidad con el Gobernador de Aragua, empresario Tulio Capriles Mendoza, comenzó de manera sistemática, una serie de atropellos, amenazas, hostigamiento contra las mismas personas afectadas por la acción policial, por haber acudido a los organismos de protección de derechos humanos denunciando el atropello y las amenazas contra su vida e integridad, que dieron lugar a medidas de protección.
En virtud del incumplimiento de las medidas de protección, solicitamos para los periodistas, trabajadores, directivos y defensores de derechos humanos, apoyo a algunas de estas organizaciones, las cuales de inmediato, sólo en el caso de los Defensores de Derechos Humanos, se pronunciaron y acudieron de inmediato al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sumándonos a todos los casos que conoce dicho Sistema.
No nos consta que hayan acudido en nuestra defensa ante los organismos de defensa de los derechos humanos a nivel nacional.
A la presente fecha, no ha habido ningún pronunciamiento ni ninguna acción, por parte del Foro por la Vida, relacionada con los periodistas YOHANA VARGAS, GABRIEL CAPRILES ARISMENDI, la Reportera Gráfica JAMILET RONDÓN, que fueron de manera ilegal y brutal, sacados de la empresa, negándose el empresario Tulio Capriles Mendoza, a cumplir orden de reenganche, los ha sometido al escarnio público con el fin de que no puedan trabajar en ningún medio del país, los ha sometido a acoso, hostigamiento, les ha impedido el derecho a réplica, les cercenó el derecho a la libre expresión.
No ha habido organización de derechos humanos del país que se haya pronunciado por la violación de derechos humanos por parte del Gobernador Didalco Bolívar y del empresario privado Tulio Capriles Mendoza en contra de mas de 300 trabajadores a quienes los tiene sometido al terror mediante la presencia de un cuerpo armado que conforma su escolta particular, constituido por algunos ex funcionarios policiales que se dan a la tarea de hostigar y amedrentar a quienes pretendan denunciar los atropellos y por la vigilancia permanente de la Policía del estado Aragua al frente de la empresa editora del diario el siglo.
Tal es el estado de indefensión que nos encontramos, que me atrevo a hacer pública esta denuncia frente a quienes se hacen oídos sordos a hechos tan graves y frente a lo que ha sido la vulneración del derecho de expresión e información, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a la vida e integridad física.
Hoy en día, son más de 5 periodistas que han renunciado a su derecho al trabajo antes de seguir siendo objeto de amenazas contra su integridad física y la de su familia, su derecho a la libertad de expresión e información, su derecho a organizarse para la defensa de sus derechos laborales y sindicales. Son además, 3 honorables profesionales que por el hecho de sus convicciones políticas afectos al proceso revolucionario, que han sido lanzados a la calle sin ninguna consideración ni respeto a su dignidad.
Prueba de ello no los da, el último Informe de Provea que pasa por alto un hecho tan abominable que puso en juego, la estabilidad laboral de mas de 300 empleados de un medio de comunicación, de un acto arbitrario por el cual se paralizó un medio impreso por espacio de diez días sin que ello fuese reseñado por los demás medios privados nacionales, de una acción sistemática de violación de derechos humanos tanto de los trabajadores como directivos que han debido abandonar el país ante las amenazas de muerte. Sí, por el contrario, tiene amplia cobertura en el Informe, todo lo relacionado con el fin de la concesión a RCTV donde si se expone como una limitación del derecho de expresión e información y como un atentado a la integridad física de los periodistas, la intervención policial en las manifestaciones de grupos opositores.
En dicho Informe, por ejemplo, resalta Provea, la condición de Víctimas de Federico Ravell, director de Globovisión, que minuto a minuto, todos los días, viola de manera flagrante, el derecho de todos los espectadores a una información veraz, el derecho de todos y todas al respeto de la integridad física, emocional, intelectual expresada en la guerra mediática que afecta la salud de todos los televidentes, el mismo que nos negó y nos ha negado la posibilidad de informar por ese medio, como un empresario de un medio privado ha vulnerado derechos fundamentales de sus trabajadores con el apoyo y complicidad del gobernador de Aragua, es decir, que ha omitido de manera intencional, todo pronunciamiento acerca de la conducta de Tulio Capriles Mendoza y de Didalco Bolívar, que han actuado como Victimarios bajo la mas completa impunidad y cuyas acciones hasta la presente fecha, no cesan.
Ya de por sí para nosotros, profesionales del derecho, de la comunicación social, defensores de derechos humanos ha sido similar a la complicidad de los otros medios de comunicación privados frente al atropello y violación de derechos humanos.
Considero que las declaraciones del Ministro Rodríguez Chacín son un llamado a la reflexión a estas organizaciones de derechos humanos y a ella nos sumamos. Es hora de la reflexión profunda en torno a lo que significa la defensa de los derechos humanos en un estado que avanza en el reconocimiento y garantía de los derechos del colectivo, logros y alcances que son verificables frente al derecho de individuos que los niegan y limitan y que durante muchos años han sostenido un sistema excluyente y discriminador.
Los nuevos tiempos, nos imponen revisión, reflexión y análisis. Es la hora de la construcción colectiva y de la participación al lado de quienes, por tantos años hemos consagrado nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras acciones. Es la hora de los pueblos. No perdamos la oportunidad de ser parte de esas grandes transformaciones. No olvidemos los postulados que nos dieron nacimiento.
Sara Mier y Terán Ojeda
Coordinadora
Asociación de Derechos Humanos Vida Paz y Libertad
