¡Tremendo ejemplo!
CONTRALOR DE MARIÑO NO PAGA NI LUZ NI AGUA
YMVB - El Huracán, "Nada mejor que la verdad"
Desde hace ya dos años la Contraloría del municipio Santiago Mariño, en el estado Aragua, representada por el ciudadano Wilmer Hernández Machado, mantiene una ilegalidad respecto al cumplimiento de contrato de arrendamiento del inmueble donde actualmente opera este organismo, pues a la fecha no paga ni agua ni luz.
En virtud de la situación y ante la negativa de entablar un diálogo que permita la mejor solución, este lunes el abogado Horacio Ocando en representación del afectado Josè Luis Peña Dàvila, interpuso demanda civil en contra del órgano municipal, solicitando la resolución del contrato de arrendamiento.
Explicó Ocando que el propietario del inmueble agotó todas las vías de entendimiento para llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas, sin embargo el contralor hizo mutis y hasta la presente se ha negado a cumplir con sus responsabilidades.
Valga acotar que el afectado ocurrió ante la agencia Turmero de Cadafe, solicitando información sobre si la Contraloría Municipal de Mariño estaba solvente con ese organismo y si había celebrado contrato de servicio de energía eléctrica, obteniendo una respuesta negativa.
En la demanda interpuesta por la víctima indica que “Cadafe procedió a suspender el servicio de energía eléctrica a la contraloría municipal…”, en vista de su indisposición a cumplir con los parámetros de la ley.
La infracción del ente contralor podría comprometer a su vez al afectado José Luis Peña Dávila, por tanto se procedió a la demanda civil donde se solicita la desocupación del inmueble.
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que podría acarrear esta demanda civil?
Horacio Ocando: “En primer lugar estamos solicitando la resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre el profesor José Luis Peña Dávila y la Contraloría del municipio Mariño, representada por William Hernández Machado. En segundo lugar es procedente la intervención de la Contraloría General de la República como poder moral y de conformidad con lo previsto en la ley vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Con fundamento en esta misma demanda y con fundamento en los hechos el Ministerio Público está obligado a intervenir a los fines de realizar la averiguación correspondiente”.
¿Cómo ha logrado funcionar la contraloría si no ha realizado contrato de servicio con Cadafe?
HO: “Esa es la incógnita que hay que despejar, y que le corresponde investigar al Ministerio Público con sus organismos auxiliares como el Cicpc. En ese sentido existe una presunción de la comisión de un hecho punible de carácter público pues, sin haber celebrado el contrato de servicio de energía eléctrica la Contraloría del municipio Mariño, podríamos pensar que estaría haciendo uso ilegal e indebido de un servicio público desde hace dos años”.
¿Cuál es el procedimiento civil que sigue tras la denuncia?
HO: “Tal y como está señalado en la demanda el accionante – en este caso José Luis Peña Dávila- se ha reservado la acción por daños y perjuicios lo cual se ejercerá oportunamente”.
¿En cuánto tiempo aspiran resolver o hallar justicia si se toma en cuenta que este caso reviste relevancia al estar involucrado un organismo público?
HO: “Esperamos que la administración de justicia responda dentro de los lapsos legales correspondientes, así como también la Contraloría General de la República de conformidad con la ley debe intervenir en la investigación a fin de aclarar si se ha cometido una falta grave que puede acarrear sanciones e inclusive la destitución de la persona que representa al organismo en cuestión”.
Por su parte, José Luis Peña, afectado directo, adelantó “Hemos decidido solicitar una audiencia ante la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela a fin de denunciar irregularidades que se están cometiendo en el ente contralor, que en vez de cumplir y dar el ejemplo ante la ciudadanía, desempeñando sus funciones inherentes a sus cargos y usan sus investiduras para atropellar y pasar por encima de la ley. Tenemos suficientes elementos probatorios para demostrar las arbitrariedades que se cometen y estamos seguros que esta situación no es avalada por la CGR. Además estoy cumpliendo con mi derecho a ejercer la función de contraloría social”.
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que podría acarrear esta demanda civil?
Horacio Ocando: “En primer lugar estamos solicitando la resolución del contrato de arrendamiento celebrado entre el profesor José Luis Peña Dávila y la Contraloría del municipio Mariño, representada por William Hernández Machado. En segundo lugar es procedente la intervención de la Contraloría General de la República como poder moral y de conformidad con lo previsto en la ley vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Con fundamento en esta misma demanda y con fundamento en los hechos el Ministerio Público está obligado a intervenir a los fines de realizar la averiguación correspondiente”.
¿Cómo ha logrado funcionar la contraloría si no ha realizado contrato de servicio con Cadafe?
HO: “Esa es la incógnita que hay que despejar, y que le corresponde investigar al Ministerio Público con sus organismos auxiliares como el Cicpc. En ese sentido existe una presunción de la comisión de un hecho punible de carácter público pues, sin haber celebrado el contrato de servicio de energía eléctrica la Contraloría del municipio Mariño, podríamos pensar que estaría haciendo uso ilegal e indebido de un servicio público desde hace dos años”.
¿Cuál es el procedimiento civil que sigue tras la denuncia?
HO: “Tal y como está señalado en la demanda el accionante – en este caso José Luis Peña Dávila- se ha reservado la acción por daños y perjuicios lo cual se ejercerá oportunamente”.
¿En cuánto tiempo aspiran resolver o hallar justicia si se toma en cuenta que este caso reviste relevancia al estar involucrado un organismo público?
HO: “Esperamos que la administración de justicia responda dentro de los lapsos legales correspondientes, así como también la Contraloría General de la República de conformidad con la ley debe intervenir en la investigación a fin de aclarar si se ha cometido una falta grave que puede acarrear sanciones e inclusive la destitución de la persona que representa al organismo en cuestión”.
Por su parte, José Luis Peña, afectado directo, adelantó “Hemos decidido solicitar una audiencia ante la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela a fin de denunciar irregularidades que se están cometiendo en el ente contralor, que en vez de cumplir y dar el ejemplo ante la ciudadanía, desempeñando sus funciones inherentes a sus cargos y usan sus investiduras para atropellar y pasar por encima de la ley. Tenemos suficientes elementos probatorios para demostrar las arbitrariedades que se cometen y estamos seguros que esta situación no es avalada por la CGR. Además estoy cumpliendo con mi derecho a ejercer la función de contraloría social”.
