Estimada señora, reciba mis respetos como humilde venezolana, periodista y mujer que al igual que usted solo anhelo ver en mi país mayor justicia a favor de los excluidos.
Se que este mensaje solo le llegará gracias al poder de los medios alternativos, pues los medios de comunicación privados de Venezuela solo han servido para desinformar, manipular y mentir no solo en mi caso sino en muchos en los cuales tiene que ver el juego del poder político y el dominio económico de unos cuantos señores amos y patronos de pesados sectores de la vida de la nación.
Desde el 27 de enero de 2007 acudí a la fiscalía del Ministerio Público de Aragua a denunciar, junto a muchos de mis compañeros de trabajo, el ABUSO FISICO y AGRESIÓN VERBAL de que fuimos víctimas por parte de la Policía del estado Aragua cuando ingresaron en forma de allanamiento ilegal a nuestros sitios de trabajo, el diario El Siglo C.A.
Nos cayeron a golpes y nos amenazaron de muerte, todo esto con la anuencia del patrono Tulio Capriles Mendoza y hasta la fecha no ha habido una investigación profunda, extensa, completa que permita el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.
Vivimos tiempos en que desde el espectro internacional como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), etc., se ha descalificado al gobierno bolivariano intentando colocarlo como un estado en el que se coarta la libertad de expresión y el derecho a la información, con ataques físicos y verbales a periodistas, camarógrafos y reporteros de los distintos medios privados.
Sin embargo en una región como Aragua, envuelta en la dictadura del gobernador Didalco Bolívar, donde el Poder Judicial, la vindicta pública, la Inspectoría del Trabajo, los Tribunales Laborales, los Tribunales Civiles, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Periodistas y hasta el Inpsasel son manejadas a su antojo, y esto lo digo con conocimiento de causa, donde se quita y se pone jueces de acuerdo a la disposición de este gobernador, donde se decide según sus intereses, en esta entidad, estimada fiscal general, se ha atropellado desde todo punto de vista a varios comunicadores sociales y a trabajadores de un medio de comunicación privado sin que el Ministerio Público haya levantado algún cargo contra los culpables.
No es posible que a más de un año de haber sido agredidos por la policía de Aragua según órdenes de Didalco Bolívar y del propio patrono del diario El Siglo C.A., Tulio Capriles Mendoza, el Estado venezolano siga en deuda y a su vez las instituciones encargadas de velar por nuestros derechos permitan que se siga atacando mediáticamente al país desde afuera cuando tienen en sus manos un caso tan o más importante que todos los elevados por Globovisión ante la Cidh, donde el dueño de un medio de comunicación ha implementado una política de persecución y terrorismo contra sus trabajadores por querer únicamente hacer respetar nuestros derechos.
La fiscalía 20ª del Ministerio Público de Aragua mantiene en sus gavetas un expediente que quizá es la muestra gráfica de quién realmente arremete contra los comunicadores sociales de nuestro país: los dueños de medios.
Si el Ministerio Público de la entidad no ha hecho nada, podrá imaginarse el nulo papel del Colegio Nacional de Periodistas – seccional Aragua, que es cómplice de los excesos que se cometen en perjuicio de los trabajadores de la noticia y permite situaciones degradantes como es el caso del comisario de la Policía de Aragua, Dennis Latinan Méndez, quien está plenamente identificado como uno de los agresores físicos a periodistas del diario El Siglo C.A., en los sucesos del 26 de enero de 2007 y recientemente fue nombrado por el patrón de este medio de comunicación como coordinador de seguridad, lo cual constituye una provocación y una burla para los trabajadores, además del terror que inspira este ciudadano a quien se le ordenó, según decisión del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22 de abril de 2008, un juicio y medida privativa de libertad por homicidio en tortura del ciudadano Bertín Rubén Ramírez Romero.
Ciudadana fiscal, nos hemos cansado de entregar informes detallados ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, hemos ido incontables veces a estos despachos y hasta la presente no existe voluntad, ni compromiso por parte de estas personas en resolvernos el caso o por lo menos instar a la fiscalía vigésima de Aragua para que investigue como debe ser este caso de atropello oficial y patronal.
Esto lo hemos denunciado ante medios alternativos como VEA, Aporrea, VTV, La Hojilla, La Hojilla Impresa, Radioataque, etc., etc., ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior y Justicia, el Minci, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, el Cicpc, y pare de contar, pero nada, absolutamente nada ha pasado.
Ciudadana fiscal, sabemos de su responsable actuación en todo el tiempo que lleva al frente de la Fiscalía General de la República, pero le suplicamos que no permita que su administración forme parte de esta lista de instituciones donde infructuosamente acudimos y no recibimos ninguna respuesta.
Este caso no es cualquiera, es la muestra inequívoca de la crisis que vivimos los periodistas en este país donde la mohosa oligarquía pretende expiar sus culpas endilgándole al gobierno del presidente Hugo Chávez una supuesta ausencia de libertad de expresión cuando son los dueños de medios quienes manipulan, calumnian, tergiversan y utilizan todo su poder para aplastar la masa trabajadora.
Yohana Vargas
yohavargas@hotmail.com
Se que este mensaje solo le llegará gracias al poder de los medios alternativos, pues los medios de comunicación privados de Venezuela solo han servido para desinformar, manipular y mentir no solo en mi caso sino en muchos en los cuales tiene que ver el juego del poder político y el dominio económico de unos cuantos señores amos y patronos de pesados sectores de la vida de la nación.
Desde el 27 de enero de 2007 acudí a la fiscalía del Ministerio Público de Aragua a denunciar, junto a muchos de mis compañeros de trabajo, el ABUSO FISICO y AGRESIÓN VERBAL de que fuimos víctimas por parte de la Policía del estado Aragua cuando ingresaron en forma de allanamiento ilegal a nuestros sitios de trabajo, el diario El Siglo C.A.
Nos cayeron a golpes y nos amenazaron de muerte, todo esto con la anuencia del patrono Tulio Capriles Mendoza y hasta la fecha no ha habido una investigación profunda, extensa, completa que permita el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.
Vivimos tiempos en que desde el espectro internacional como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), etc., se ha descalificado al gobierno bolivariano intentando colocarlo como un estado en el que se coarta la libertad de expresión y el derecho a la información, con ataques físicos y verbales a periodistas, camarógrafos y reporteros de los distintos medios privados.
Sin embargo en una región como Aragua, envuelta en la dictadura del gobernador Didalco Bolívar, donde el Poder Judicial, la vindicta pública, la Inspectoría del Trabajo, los Tribunales Laborales, los Tribunales Civiles, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Nacional de Periodistas y hasta el Inpsasel son manejadas a su antojo, y esto lo digo con conocimiento de causa, donde se quita y se pone jueces de acuerdo a la disposición de este gobernador, donde se decide según sus intereses, en esta entidad, estimada fiscal general, se ha atropellado desde todo punto de vista a varios comunicadores sociales y a trabajadores de un medio de comunicación privado sin que el Ministerio Público haya levantado algún cargo contra los culpables.
No es posible que a más de un año de haber sido agredidos por la policía de Aragua según órdenes de Didalco Bolívar y del propio patrono del diario El Siglo C.A., Tulio Capriles Mendoza, el Estado venezolano siga en deuda y a su vez las instituciones encargadas de velar por nuestros derechos permitan que se siga atacando mediáticamente al país desde afuera cuando tienen en sus manos un caso tan o más importante que todos los elevados por Globovisión ante la Cidh, donde el dueño de un medio de comunicación ha implementado una política de persecución y terrorismo contra sus trabajadores por querer únicamente hacer respetar nuestros derechos.
La fiscalía 20ª del Ministerio Público de Aragua mantiene en sus gavetas un expediente que quizá es la muestra gráfica de quién realmente arremete contra los comunicadores sociales de nuestro país: los dueños de medios.
Si el Ministerio Público de la entidad no ha hecho nada, podrá imaginarse el nulo papel del Colegio Nacional de Periodistas – seccional Aragua, que es cómplice de los excesos que se cometen en perjuicio de los trabajadores de la noticia y permite situaciones degradantes como es el caso del comisario de la Policía de Aragua, Dennis Latinan Méndez, quien está plenamente identificado como uno de los agresores físicos a periodistas del diario El Siglo C.A., en los sucesos del 26 de enero de 2007 y recientemente fue nombrado por el patrón de este medio de comunicación como coordinador de seguridad, lo cual constituye una provocación y una burla para los trabajadores, además del terror que inspira este ciudadano a quien se le ordenó, según decisión del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22 de abril de 2008, un juicio y medida privativa de libertad por homicidio en tortura del ciudadano Bertín Rubén Ramírez Romero.
Ciudadana fiscal, nos hemos cansado de entregar informes detallados ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, hemos ido incontables veces a estos despachos y hasta la presente no existe voluntad, ni compromiso por parte de estas personas en resolvernos el caso o por lo menos instar a la fiscalía vigésima de Aragua para que investigue como debe ser este caso de atropello oficial y patronal.
Esto lo hemos denunciado ante medios alternativos como VEA, Aporrea, VTV, La Hojilla, La Hojilla Impresa, Radioataque, etc., etc., ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior y Justicia, el Minci, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, el Cicpc, y pare de contar, pero nada, absolutamente nada ha pasado.
Ciudadana fiscal, sabemos de su responsable actuación en todo el tiempo que lleva al frente de la Fiscalía General de la República, pero le suplicamos que no permita que su administración forme parte de esta lista de instituciones donde infructuosamente acudimos y no recibimos ninguna respuesta.
Este caso no es cualquiera, es la muestra inequívoca de la crisis que vivimos los periodistas en este país donde la mohosa oligarquía pretende expiar sus culpas endilgándole al gobierno del presidente Hugo Chávez una supuesta ausencia de libertad de expresión cuando son los dueños de medios quienes manipulan, calumnian, tergiversan y utilizan todo su poder para aplastar la masa trabajadora.
Yohana Vargas
yohavargas@hotmail.com
